La Tesorería le puso fecha al cobro: más de 550 mil deudores del CAE en la mira

La Tesorería General de la República lo hizo oficial el 6 de abril. Más de 550 mil personas que arrastran deuda vigente del Crédito con Aval del Estado están ahora en la mira del cobro directo del Fisco, y algunos ya empezaron a recibir notificaciones en tribunales civiles a lo largo del país.

El anuncio vino acompañado de una frase que encendió las alertas entre abogados y deudores: acciones judiciales directas. En simple, significa que el Estado dejó de esperar a que los bancos acreedores persiguieran la cobranza por su cuenta. Ahora es la propia TGR la que puede llevar cada caso a un juzgado civil, sin pasar por la mesa de un banco comercial. La deuda total acumulada por este crédito bordea los cuatro billones de pesos, según las cifras que maneja Hacienda.

Quiénes están primero en la fila

La diferencia la hacen los ingresos. Según el plan que oficializó la TGR, los deudores con rentas mensuales sobre cinco millones de pesos son el grupo que enfrenta juicios ejecutivos directos desde ya. Es un universo acotado, pero simbólico: el Estado quiere mostrar que la cobranza va en serio y que no está dispuesto a seguir viendo cómo profesionales con buenos sueldos dejan de pagar.

Para el resto, que es la inmensa mayoría, la herramienta es otra. La TGR ofrece convenios de pago con plazos que pueden estirarse varios años, rebajas en los intereses acumulados y cuotas ajustadas a la capacidad real de cada persona. En la letra del comunicado todo suena razonable. En la práctica, los convenios tienen condiciones que conviene leer con calma antes de firmar.

El mensaje oficial habla de "empatía con los deudores", pero el mismo documento menciona que quienes no lleguen a acuerdo podrían enfrentar cobranzas judiciales en etapas posteriores.

Lo que ya venía pasando

Esta noticia no cae en un escenario limpio. Durante la Operación Renta 2025, el Servicio de Impuestos Internos retuvo 22.895 millones de pesos a 152.153 personas que tenían deudas con el Fisco. Una parte importante de ese monto correspondió directamente a deudores del CAE, y para muchos fue la primera señal tangible de que el Estado estaba reactivando el cobro después de años de aparente inacción.

Quienes estaban esperando una devolución de impuestos en abril y se encontraron con una retención sorpresa saben de qué estamos hablando. No hubo aviso previo ni instancia para explicar la situación. El SII descontó el monto y lo transfirió a Tesorería, y recién entonces el contribuyente pudo pedir explicaciones.

La diferencia con lo que viene ahora es que la retención administrativa afecta solo los dineros que el Estado tiene que devolverte. Una demanda en tribunales es otra cosa completamente distinta. Una vez que el juez acoge la ejecución, la TGR puede pedir embargo de cuentas bancarias, retención del sueldo dentro de los límites legales, o remate de bienes si la deuda lo amerita.

Qué significa "acciones judiciales directas"

Para entender el alcance real hay que separar dos conceptos. Cuando un banco del sistema CAE cobra por su cuenta, inicia un juicio ejecutivo en tribunales civiles amparado en el pagaré firmado por el deudor. El proceso tiene plazos muy cortos para defenderse, y si no te presentas, el juez falla en tu contra casi por defecto.

Cuando la TGR cobra directamente, el procedimiento es parecido pero tiene algunos agravantes. El Fisco puede hacer valer la calidad de acreedor privilegiado, lo que significa que queda primero en la fila cuando hay varios acreedores, y tiene acceso más ágil a información tributaria y bancaria del deudor. Además, la prescripción que normalmente operaría contra un banco comercial no juega de la misma manera cuando el acreedor es el Estado.

El artículo 13 de la Ley 20.027 dice que las obligaciones derivadas del CAE no prescribirán cuando el Fisco se ha subrogado en el crédito. Es una frase corta con consecuencias enormes. La interpretación de los tribunales ha ido variando en los últimos años, pero mientras no haya un criterio uniforme de la Corte Suprema, cada juez tiene su lectura. Lo concreto es que quien deba al Fisco no puede dormir tranquilo pensando que el tiempo limpia la deuda.

Qué deberías hacer si estás en el grupo

Lo primero es saber en qué situación estás realmente. Saber si la deuda aún está en manos del banco original o si ya pasó a la Tesorería cambia todo lo que viene después. Lo segundo es verificar si hay una causa judicial abierta con tu nombre. Hay consultas al sistema del Poder Judicial que permiten saber en minutos si existe una demanda en tu contra, y es el paso que más gente posterga por miedo.

Si te notificaron de una demanda ejecutiva, el plazo para presentar excepciones es de cuatro días hábiles desde la notificación. No son cuatro días corridos ni cuatro días desde que te enteraste: son cuatro días hábiles desde que el receptor judicial dejó la notificación en tu domicilio. Es un plazo fatal, lo que significa que si se vence, se pierde para siempre la posibilidad de defenderse en ese juicio.

Si todavía no hay demanda pero tu caso encaja con el perfil de los afectados, conviene preparar el terreno. Evaluar convenios de pago, reunir documentación de cuánto debes y cuánto has pagado, y consultar con un profesional que entienda cómo funciona esta categoría de deuda. La estrategia no es la misma si llevas dos años sin pagar que si llevas ocho.

El horizonte

El anuncio del 6 de abril marca un antes y un después. Durante casi una década, miles de deudores del CAE operaron bajo el supuesto de que el Estado no tenía interés real en cobrar. Esa etapa se acabó. La TGR puso una fecha concreta, nombró al grupo prioritario, y dejó implícito que el resto sigue en la fila.

Lo único que cambia ahora es que el problema ya no es futuro. Es presente, y cada día que pasa sin revisar tu situación es un día menos para hacer algo al respecto.